Un intenso debate se ha encendido en Ecuador tras conocerse el contenido del Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida, impulsado por la Defensoría del Pueblo y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional. Diversas organizaciones alertan que la propuesta legislativa excede el mandato de la Corte Constitucional y aborda aspectos de alta sensibilidad moral, bioética y legal que no han sido suficientemente discutidos en la sociedad ecuatoriana.
El proyecto fue presentado el 26 de septiembre de 2024, derivado de la sentencia del caso Satya (184-18-SEP-CC) que ordena a la Asamblea regular las técnicas de reproducción asistida. No obstante, según especialistas y sectores pro-vida, la normativa incluye disposiciones controvertidas como la reproducción post mortem, maternidad subrogada, adopción de embriones por parejas homoparentales y la donación anónima de gametos, lo cual —señalan— vulneraría derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y a la vida desde la concepción, protegido en la Constitución ecuatoriana.
«Se están incorporando temas que nunca fueron parte del mandato constitucional y que merecen mayor debate bioético y social antes de ser legalizados», señalan desde la organización Dignidad y Derecho.
Entre los puntos más cuestionados están la creación de bancos de embriones sin limitación para su uso o experimentación, la posibilidad de selección y descarte de embriones y la erogación de fondos públicos para financiar estas prácticas. Para colectivos ciudadanos, estos aspectos atentan contra la dignidad humana y contradicen principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Ecuador.
Organizaciones como Dignidad y Derecho han hecho un llamado a la ciudadanía para ejercer activamente su derecho a la participación y exigir una revisión responsable del proyecto, retirando aquellas disposiciones que, a su juicio, vulneran derechos humanos y principios éticos fundamentales.
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